El turismo ya tiene su impuesto y nadie lo llama por su nombre

La historia de las tasas turísticas en España se cuenta sola en tres actos. Primero, los políticos vendieron el impuesto sobre pernoctaciones como una forma de recaudar para mejorar las infraestructuras que usan los propios visitantes. Un argumento circular, pero presentable. Después llegó el discurso de gestionar las multitudes en destinos saturados, ese que suena a ordenar la casa cuando en realidad se trata de recaudar más. Y ahora, según el análisis de El Observador en Preferente, el impuesto está tan asentado que ya casi nadie cuestiona su existencia. Eso es lo preocupante: la naturalización.

En mi opinión, lo que ha cambiado es el relato, no la finalidad. Las tasas autonómicas y municipales (Cataluña, Baleares, Canarias, Valencia, la tasa de Barcelona) llevan años engordando las arcas sin que exista una trazabilidad clara de a dónde va ese dinero. ¿Se ha invertido en depuración, transporte público, accesibilidad? En algunos casos sí, en la mayoría cuesta verificarlo. Y mientras tanto, el sector sigue pagando sin sentarse a negociar la contrapartida.

El problema no es que exista el impuesto. El problema es que hablamos de un impuesto sobre un sector que no lo llama impuesto. Le llamamos tasa, le llamamos ecotasa, le llamamos contribución. Y mientras el nombre cambia, la carga se consolida. Lo lógico sería que cada euro recaudado tuviera destino publicado, indicador medible y rendición de cuentas anual. Sin eso, la tasa turística es simplemente un impuesto con buena prensa.