El Gobierno español se prepara para dar un nuevo mordisco fiscal a las viviendas turísticas. En julio, según ha anunciado la ministra Elma Saiz, se llevará al Congreso un paquete de medidas de vivienda que incluye elevar el IVA al 21% para estos alojamientos, que hasta ahora gozaban de exención o de un tipo reducido del 10%. La excusa: reducir el precio de los alquileres residenciales y sacar más piso asequible al mercado.
La propuesta, recogida por Hosteltur, también mete cuchillo en fraudes y alquileres de temporada. Pero ojo, esto no es un simple ajuste técnico: es un cambio de paradigma para el short-term rental.
¿Mi opinión? El sector turístico lleva años siendo el cajero automático de Hacienda. Subir el IVA al 21% no va a multiplicar la oferta de vivienda barata, va a encarecer la estancia del viajero y a empujar a muchos propietarios a la economía sumergida o a salir del mercado legal. Si el Gobierno quiere regular, que persiga el fraude de verdad, no que castigue al que cumple. Y encima, lo envuelven en un debate de vivienda que poco tiene que ver con el turismo de ciudad. Mal enfoque.
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